Isaías Lafuente
El faro de Cartagena
29-01-08
El doctor Luis Montes y alguno de sus compañeros del Hospital Severo Ochoa de Leganés han pasado tres años de calvario acusados de practicar la eutanasia activa a un colectivo de 400 pacientes.
Hace unos meses, el juzgado de Leganés no encontró causa penal contra ellos, aunque sí una mala práctica médica. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid confirma el sobreseimiento y archivo del caso y ordena además retirar cualquier referencia a ‘mala praxis’, es decir, no sólo libra a los médicos de la carga penal, sino que limpia su nombre y su expediente profesional.
El caso contra el doctor Montes arrancó con una denuncia anónima y se desarrolló gracias al impulso político del entonces Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela. Él fue quien dio credibilidad a la denuncia, quien promovió una inspección que no avaló la denuncia, quien montó después una comisión de investigación a medida para corregir a sus inspectores y corroborar la falsa acusación, y quien con esos datos se presentó ante el juzgado para sentar en el banquillo a los facultativos. Ahora ya sabemos que Luis Montes y sus colegas no son un trasunto de Joseph Menguele. Y quienes ante las puertas del juzgado gritaban ‘Doctor muerte, en la cárcel quiero verte’ tienen desde hoy razones sobradas para pedir disculpas. Pero quien de verdad debe asumir sus responsabilidades es quien practicó sobre estos profesionales una especie de eutanasia profesional muy activa sin base alguna para hacerlo.
La mala praxis médica, con una consecuencia tan letal como la que se imputó al doctor Montes, está tasada en el Código Penal. Y nadie puede dudar de que, si una acusación tan brutal hubiera concluido en condena, aquel que la promovió, Manuel Lamela, estaría hoy colgándose tantas medallas como muertes demostradas. Ahora los ciudadanos esperamos ver con ansia en cuánto valora su responsabilidad política, qué consecuencias ha de tener su mala praxis política. El honor de quienes fueron falsamente acusados y el de una institución sanitaria pública que tenía obligación de defender y, sin embargo, puso a los pies de los caballos, lo requieren. Luis Montes y los suyos no hubieran eludido la cárcel con una petición de disculpa. Manuel lamela tampoco puede soslayar su responsabilidad con un ‘lo siento’.
