El lunes día 8 de septiembre, el juzgado número 7 de Leganés paralizó el desahucio de dos familias que habían ocupado dos viviendas en la calle alcalde Alfredo de Castro desde hace nueve meses.
Estas viviendas, construidas por IVIMA, están destinadas a personas con necesidades especiales, tales como víctimas de violencia de género, madres solteras o ciudadanos con minusvalías. En 2013, estos pisos fueron vendidos a la sociedad Azora, respaldada por el banco de inversión Goldman Sachs.
Hasta las viviendas, a modo de respaldo a las familias, acudieron una treintena de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quienes informaron que en esos mismos bloques hay en total doce familias en riesgo de perder su hogar.
